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COFE en comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados del Parlamento

La Comisión da la bienvenida a los señores José Lorenzo López, Aidemar González, Luis Bazzano y Diego Arrieta, representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE.

SEÑOR LÓPEZ (José Lorenzo).- Muchas gracias por recibirnos. De todas maneras, quisiéramos marcar una pequeña crítica, ya que si bien estos son espacios en los que debería profundizarse un poco más, lamentablemente, cada vez que concurrimos tenemos menos tiempo para hacer nuestras presentaciones, y a veces venimos medio desalentados porque sentimos que el pescado ya está todo vendido, por algunas declaraciones públicas que se han hecho, sobre todo por parte de nuestro patrón, que es el Poder Ejecutivo.
En ese marco, queremos expresar algunos puntos de carácter general que son fundamentales y algunas cuestiones que es importante señalar, como modificaciones de algunos de los artículos incluidos en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
El primer punto que vamos a desarrollar tiene que ver con que, como trabajadores nucleados en esta Confederación -en este contexto también representamos la plataforma de nuestra central única de trabajadores-, consideramos que esta decisión del Poder Ejecutivo está en el marco de un proceso de ajuste fiscal que está golpeando duramente a los trabajadores. Ese ajuste fiscal se está procesando de varias maneras, pero en esta Rendición de Cuentas se profundiza.
Desde nuestra perspectiva, el ajuste fiscal se viene planteando ya desde el año pasado, cuando se fijaron las pautas salariales, sobre todo para el sector privado, pero también para el sector público. Por más que se nos diga que no va a haber pérdida del salario real, los números nos dan otra cosa: si en el sector privado hay pautas salariales que están entre el 7,5% y el 9%, y hay una inflación de cerca del 11%, está claro que va a haber una importante pérdida de salario real.
A su vez, los trabajadores estatales tuvimos un adelanto de un 5% -que es el centro de la banda de la proyección que hace el Poder Ejecutivo-, pero ya en el cuarto mes del año lo perdimos. Por lo tanto, también en el sector público habrá una pérdida importante de salario real.
Pero  el  ajuste  no  solo  se  expresó  con  la  definición  de  las  pautas salariales, sino que también se reflejó en el aumento de las tarifas públicas que se produjo en enero. Y ahora, con la aplicación de las modificaciones tributarias que se incluyen en este proyecto de Rendición de Cuentas se vuelve a golpear al sector del trabajo con una propuesta que no es equitativa, porque no se revierte el peso de la carga sobre lo que tributa el trabajo con relación a lo que tributa el capital. Por lo tanto, queremos dejar expresa constancia de que no compartimos el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo, donde se marca un fuerte ajuste que recae mucho más sobre el trabajo que sobre el capital.
El movimiento sindical le hizo llegar al Poder Ejecutivo algunas propuestas de cambio en la tributación que también permitirían recaudar esos US$ 500.000.000 que parecen ser la salvación para el déficit fiscal. Desde nuestra perspectiva, esa suma se podría recaudar de otra manera, justamente, modificando esta carga tributaria de manera que pague más el capital que el trabajo.
Estamos convencidos de que las cosas no son como se está diciendo públicamente   por   parte   de   algunos   actores   del   Poder   Ejecutivo.   No compartimos que se plantee como un festejo que el 80% de los trabajadores no se vean afectados por esta reforma tributaria, porque eso implica que hay una porción muy grande de trabajadores que tienen salarios bastante sumergidos. Además, no es que ese 80% de los trabajadores no se va a ver afectado por esta reforma tributaria, ya que hay algunos trabajadores que ganan menos de
$ 50.000 -esto será mejor explicado luego por uno de nuestros compañeros- que igualmente van a pagar más que lo que pagaban antes de que se aplicara esta reforma tributaria.
Entonces, lo primero que queríamos plantear era la situación que genera este ajuste.
Por otra parte, por más que se insista en convencernos, para nosotros hay un recorte en el gasto social, porque la inversión que se difiere -o como quiera llamársele- era gasto que se había proyectado para el año que viene y si no se ejecuta, en 2018 se podría haber aumentado el gasto; por eso hablamos de un recorte. Asimismo, nos preocupa que ese recorte afecte fundamentalmente a los sectores sociales más complicados de nuestro país, es decir, a la Universidad de la República -donde, además, afecta el salario de los trabajadores-, a la ANEP -sobre todo en obra nueva, escuelas y centros de estudios proyectados-, a ASSE -donde se había previsto invertir $ 550.000.00 no solo para mejorar la calidad contractual de algunos trabajadores, sino fundamentalmente la calidad de la atención de los usuarios- y al Instituto del Niño  y  Adolescente  del  Uruguay,  de  cuyo  presupuesto  se  recortarán  casi
$ 50.000.000   y   sobre   cuyas   consecuencias   ya   hablamos   en   la   otra subcomisión.
Por lo tanto, tampoco compartimos esta decisión del Poder Ejecutivo, porque estamos convencidos de que esos US$ 500.000.000 se podrían haber recaudado de otra manera, por ejemplo, gravando a otros sectores de la sociedad que fueron beneficiados en los años de bonanza de la economía de nuestro país.
Además, vemos con mucha preocupación que estas medidas no son equitativas, porque el proyecto de rendición de cuentas no plantea recorte de los altos salarios que hay en el Estado, desde el del presidente de la República a los más altos cargos de los Incisos del Poder Ejecutivo, como así también de los legisladores que están acá. No vemos que se hayan recortado estos salarios. Además, sigue el crecimiento sostenido de los cargos de particular confianza, lo que nos preocupa porque ahí hay otro gasto que el Poder Ejecutivo podría haber cortado y no vemos que haya una política al respecto, cuando la cantidad de cargos de confianza han crecido exacerbadamente. No solo aumentaron los cargos de particular confianza. En la legislatura anterior se decidió en este Parlamento aumentar los salarios de ministros, sobre todo los salarios de los cargos de los servicios descentralizados y de las unidades ejecutoras de algunos ministerios, en algunos casos al doble. Sin embargo, ahora no vemos recortes de esos salarios, cuando al pueblo trabajador, sobre todo a los más desprotegidos, se los va a castigar con este ajuste, tanto por el recorte con las deducciones del IRPF como por la afectación de los servicios que presta el Estado a los usuarios más desprotegidos.
En lo particular, el otro aspecto que nos preocupa es la modificación del capítulo de la carrera administrativa del funcionario público, que a nuestro entender es fundamental, y así lo planteamos el año pasado en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda cuando se discutió el presupuesto, lo negociamos con la Oficina Nacional del Servicio Civil y se entendió que había que dejarlo para negociarlo en una ley aparte. Dichas modificaciones no fueron negociadas -y consta en varias Comisiones que no fue así- ni en el Poder Ejecutivo ni en las negociaciones, en las que pudimos avanzar en el Estatuto del Funcionario Público, pero no en el capítulo de la carrera administrativa. Por eso, no se pudo cumplir nuestra propuesta de modificar la carrera administrativa planteada en el Estatuto, que en realidad no se ha aplicado en su totalidad, porque es imposible, y por otro lado, eso le ha dado la facultad  al  Poder  Ejecutivo  de  llenar  los  cargos  por  encargatura,  por designación directa a quienes ellos entiendan conveniente.  Eso implica una situación bastante compleja porque, por un lado, está taponeada la carrera administrativa y, por otro, los cargos que se eliminaron se están cubriendo por designación directa a tal o cual funcionario.
Con la Oficina Nacional del Servicio Civil, no con el Poder Ejecutivo, llegamos al acuerdo de generar una ley, que para nosotros tendría que haber sido la ley de presupuesto anterior, pero nos dijeron que lo planteáramos en una ley aparte. Pasó todo un año y no tuvimos chance de avanzar, más allá de que con la Oficina Nacional del Servicio Civil tenemos la misma visión.
Lo que pretendemos es que  se  encapsule  la  nueva  carrera administrativa del Estatuto del Funcionario Público y se abra un espacio de negociación  en  el  que  el  Poder  Ejecutivo  y  los  trabajadores  del  Estado podamos avanzar, en el marco de la ley de negociación colectiva, en la construcción de una nueva carrera que le sirva a la Administración. No es que estemos defendiendo lo que estaba antes del Estatuto del Funcionario Público, sino que entendemos que hay que modernizar la carrera administrativa, para que los trabajadores puedan tener expectativas de ascenso y la Administración central logre un mejor funcionamiento de los servicios que presta en todos sus ámbitos.
llenado de todas las vacantes que se generan en el Estado. Por ahí también creemos que hay un recorte importante.
En materia de pauta salarial, como sector de trabajadores estatales ya hicimos nuestro planteo al Poder Ejecutivo. En el marco de una presión inflacionaria que va en ascenso, los trabajadores solo recibimos un adelanto del 5% de la inflación proyectada. Pretendemos que se estudie la posibilidad de dar un adelanto en setiembre, por la diferencia entre ese 5% y la inflación de setiembre, de manera que la pérdida financiera no se siga acentuando hasta final del año y recién en enero del año que viene ajustemos nuestro salario, como estaba previsto en el artículo 4º de la Ley de Presupuesto anterior.
La propuesta concreta que hicimos al Poder Ejecutivo, y que ahora presentamos  aquí,  fue  la  posibilidad  de  dar  un  adelanto  en  el  mes  de setiembre, a cuenta del ajuste de enero, por la diferencia entre ese 5% que se nos dio como inflación futura y el número que dé el IPC al 31 de agosto.
A su vez, en materia presupuestal hay algunas cuestiones que hacen a la reducción del Rubro 0 de los diferentes incisos.
SEÑOR GONZÁLEZ (Aidemar).- Este proyecto de rendición de cuentas que se presenta al Parlamento tiene como elemento central el ajuste fiscal. El ajuste fiscal se sustenta principalmente en un aumento de impuestos que recae casi  en  un  80%  -unos  US$ 300.000.000-  en  los  trabajadores,  jubilados  y pensionistas de nuestro país. El Poder Ejecutivo opta por un ajuste con un objetivo  puramente  recaudatorio,  sin  tener  en  cuenta  ningún  elemento vinculado a la eficiencia fiscal. Debido a los problemas de gestión del propio Poder Ejecutivo se opta por lo rápido, por lo simple de recaudar, sin tener en cuenta si los ajustes se acercan o no a la renta real de la persona.
Desde el movimiento sindical estamos planteando que hay deducciones, como los gastos de los servicios públicos y otros, que no están contempladas en el sistema actual del IRPF. Acá simplemente se avanza en retroceder, porque no solo se aumentan las tasas vinculadas a las aportaciones de los ingresos, sino que también se reducen las deducciones.
En este proyecto de ley se plantea una contradicción que nosotros no compartimos. Para nosotros la contradicción es capital-trabajo y no trabajo- trabajo. Aquí hay una contradicción que el Gobierno toma como una decisión política: la diferencia es entre los trabajadores, y ahí es donde hay que atacar. Nosotros no compartimos eso. Además, cuando en la segunda propuesta, que es la que viene al Parlamento, se dice que los trabajadores que ganan hasta
$ 50.000 van a pagar lo mismo, mienten. Como la tasa de deducciones queda fija en el 10%, dependerá de las deducciones si una persona pagará o no lo mismo.
Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso de $ 40.000 nominales, con dos hijos a cargo, pasa de pagar $ 590 a pagar $ 844, es decir, $ 254 pesos más, casi el 1% de su ingreso líquido. También pagará más una persona que gana $ 40.000 y tiene un único hijo. Ahora, si una persona tiene un ingreso nominal de $ 35.000 -que líquido serían unos $ 28.000-, con un hijo, también pagará más. Si esa persona tiene dos hijos, se produce la siguiente contradicción: hoy no paga y con esta modificación pasará a pagar. O sea que
en el nuevo esquema, más personas pagarán el IRPF. Esa es una realidad objetiva, comprobable. Con la nueva reforma, más ciudadanos uruguayos deberán pagar IRPF, en función de las deducciones. Si bien en la segunda propuesta hay una mejora para algún sector, que se traslada a un empeoramiento de la situación de otros trabajadores -lo que no compartimos-, estos son elementos que deben ser parte del análisis y de la discusión de este Parlamento.
Se toca el IRPF en la categoría 1, vinculado al capital, y se aumentan las tasas de los gravámenes a los intereses de los depósitos bancarios, etcétera. En el total de lo recaudado por IRPF, la categoría 1 en el ítem vinculado a las tasas  que  se  modifican  tiene  una  recaudación  prácticamente  mínima.  Se plantea como el gran cambio dentro de la categoría 1 del impuesto, cuando prácticamente no tiene efecto recaudatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los bonos del tesoro no se tocan. Si se aplicara la categoría 1 a los bonos del tesoro,   ahí   sí   habría   una   recaudación   importante,   en   función   de   los vencimientos que hay el año próximo. Pero no se quiere tocar el capital financiero, no se quiere tocar la renta financiera, no se quiere tocar la renta de los que especulan, pero sí se toca a los que trabajan.
Entendemos que el esquema de que pague más el que tiene más se transforma en que pague más el que tiene más ingreso por trabajo. Este no es el esquema que compartimos. Sí compartimos que pague más el que tiene más: más patrimonio, más ingreso por capital. Pero no se toca el impuesto al patrimonio de la persona física; no se toca el impuesto al patrimonio de la persona jurídica, y los cambios en el IRAE son mínimos. Donde hay para tocar
-¡si habrá!-, no se toca.
Esto lo hemos manifestado en diferentes instancias: no compartimos la definición política de que el ajuste lo tienen que pagar los trabajadores. Había espacio de análisis para ver de dónde se podían obtener ingresos, pero no se quiso avanzar en él. Sabemos que el problema es real, pero reitero, no compartimos de dónde y cómo se tienen que obtener esos ingresos.   Hay mucha tela para cortar y para analizar, no solamente con relación  a estos temas   del   IRPF   categoría1,   sino   a   los   casi   US$ 1.500.000.000   de exoneraciones que existen en el IRAE.
Como decía el compañero Joselo, rechazamos el ajuste fiscal que plantea el Poder Ejecutivo en el entendido de que recae sobre los trabajadores, los jubilados y los pensionistas de nuestro país. Además de los temas que plantea Joselo, vinculados a la falta de negociación colectiva en el sector público,  en  el  documento  que  entregamos  también  estamos  realizando planteos específicos. Entendemos que este es un espacio donde podemos trasladar planteos y, si son razonables en función de las restricciones -que apuntan a que no aumenten los costos-, donde hay posibilidades de incluir modificaciones; no es algo que venga a tapas cerradas, donde los actores sociales, que también representamos a la sociedad, no tengamos ninguna incidencia en temas que nos afectan y nos generan un perjuicio directo.
Uno de los temas que planteamos en el documento que entregamos, vinculado a la carrera administrativa, es que se derogue de la ley del estatuto del funcionario público el sistema de carrera -que no está vigente y, además, no lo compartimos porque no se pudo avanzar en su negociación; si se deroga,
sigue vigente lo que hoy está vigente- y se instale rápidamente la negociación colectiva para procurar avanzar en un sistema donde realmente el ascenso importe, donde haya estímulos a la gestión, donde se valore el trabajo del funcionario público. Eso no se recoge en el Estatuto.
Por lo tanto, estamos planteando la derogación de todo lo del Estatuto vinculado a carrera, la reinstauración de los cargos de jefaturas de sección, de departamento, y de directores de división y que se concurse. Lo que está pasando es que como el Estatuto no se está aplicando, pero la ley establece que estas jefaturas se suprimen, se están designando todos los cargos a dedo. Entonces, el Estatuto ha pasado a ser el dedómetro legalizado porque no hay otro sistema. Nosotros no compartimos los sistemas de designación directa y hoy todas las encargaturas se están llenando por ese mecanismo.
Este ítem es fundamental para nosotros y no tiene costo porque la reinstalación se hace con los mismos fondos de lo que se suprime; es restaurar los cargos. Reitero, esto no tiene costo y se puede incorporar; es un tema de definición política. Nosotros entendemos que esto es importante.
Sobre la provisión de vacantes en la Administración central, el artículo
3° del proyecto de ley de rendición de cuentas da facultades a la comisión establecida en el artículo 35 de la Ley N° 19.121. Dado que esa comisión hoy prácticamente no tiene funcionamiento porque el nuevo sistema salarial no está instalado -¡por suerte!, porque es un sistema salarial nefasto para los funcionarios públicos-, se le asigna una para seguir recortando, dado que debe pronunciarse de forma preceptiva sobre la provisión de las vacantes, tanto en oportunidad como en mérito.
Nosotros respetamos las leyes una vez que se discuten acá. La ley de negociación colectiva del sector público establece claramente la obligatoriedad de la carrera administrativa, de la carrera funcional. Ahora, se le otorgan todas las facultades en forma preceptiva a un organismo que no tiene representación sindical; no va a haber negociación colectiva en ningún tema vinculado con la carrera  funcional  y,  el  llamado  a  cubrir  vacantes  es  parte  de  la  carrera funcional, tanto para ascensos como para ingresos. Estamos planteando al Parlamento que se elimine el agregado que se hace en ese artículo 35 relativo a la pronunciación preceptiva. Es decir, que se instale la mesa de negociación colectiva y llegaremos a acuerdos, o no.
El dos por tres se transforma en uno por cuatro, cinco por uno o cinco por cero; no sabemos. Lo que queremos es que haya negociación colectiva para esto. Por eso estamos haciendo dos planteos vinculados al artículo 3°: que se incorpore que en aquellos temas relativos a la negociación colectiva necesariamente la comisión verifique el cumplimiento de la ley de negociación colectiva.
Como dato adicional a lo de las pautas salariales, se sigue recortando el Rubro 0, no solo por el tres por dos, que en realidad es mucho más. Además, a los $ 761.000.000, que la Ley de Presupuesto recortó en su artículo 5°, se agregan  $ 331.000.000.  No  estamos  de  acuerdo  con  esto,  por  lo  tanto, solicitamos que no se vote ese artículo.
También  estamos  entregando  otras  propuestas.  Esto  lo  vamos  a entregar en un pendrive porque estamos planteando diez u once artículos y no
queríamos que el documento fuera muy extenso. Son artículos específicos, vinculados a modificaciones al artículo 15 de la Ley N° 19.121, que no tienen costo porque son mejoras de condiciones de trabajo en un contexto de restricción. Bienvenido para el conjunto de funcionarios públicos que haya avances en materia de condiciones de trabajo. Por ejemplo, hay cosas que queremos que se igualen a las del sector privado, como la licencia maternal, que en vez de ser de trece semanas planteamos que sea de catorce, y la licencia por paternidad, que en vez de ser de diez días sea de trece.
En cuanto a la licencia por cuidados, estamos haciendo un planteo en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados
También planteamos la readecuación de la jornada de trabajo para los que ingresaron después de la aprobación del nuevo Estatuto, que si bien tienen una jornada de ocho horas, en el organismo se sigue trabajando una jornada de seis, seis y media o siete horas. Si por razones de gestión no hay necesidad de exigir las ocho horas ¿por qué no volver al sistema que realmente precise la gestión del organismo? Planteamos esto no para que se establezca en forma definitiva, sino para que se otorgue esa facultad negociada.
También se presenta una modificación de topes salariales para el caso de los funcionarios que están topeados con los salarios de los directores de Secretaría. En 2010 se desenganchó hacia arriba el sueldo de Secretaría y se mejoró el salario a todos los cargos de confianza, pero a los funcionarios que están atados a los directores de Secretaría se les dejó con el sueldo viejo; pedimos que se les quite ese tope.
A su vez, planteamos aspectos vinculados a la licencia por antigüedad, al reingreso a la Administración pública, a horas a compensar y a un régimen de guardias de trabajo donde hoy, por razones de necesidad del servicio, la persona debe estar de guardia, en su casa, a la orden, esperando que el jerarca lo convoque al trabajo, pero sin tener ningún tipo de retribución.
Sería bueno que analicen esos artículos y que se puedan incorporar las modificaciones planteadas en esta rendición de cuentas. Dejamos constancia de que hemos venido planteando estos temas en la negociación colectiva; existió un compromiso del Poder Ejecutivo de incorporarlos en el presupuesto pasado, pero no fue así; se iban a incorporar en una ley de diciembre de 2015, pero tampoco se hizo; en esta rendición de cuentas tampoco se incorporaron, y por  eso  lo  estamos  planteando.  Estamos  analizando  la  instalación  de  un espacio con la Oficina Nacional de Servicio Civil para avanzar en estos temas, pero  sería  bueno  que  se  incorporaran  aquí  en  el  Parlamento  dado  que, además, no tienen costo.
SEÑOR BAZZANO (Luis).- No voy a reiterar algunos planteamientos que hicieron los compañeros, que expusieron exhaustivamente sobre el contenido fundamental de nuestra plataforma reivindicativa, sino que voy a dejar una constancia.
El desarrollo de la actividad plena en una democracia, consta de tres pilares fundamentales: el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva. Lamentablemente, uno de estos pilares ha sido vulnerado sistemáticamente; me refiero a la negociación colectiva del sector estatal.
La Ley Nº 18.508, que fue la culminación de un largo proceso de debate durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, promulgada en junio de
2009,  establece  claramente  que  las  leyes  presupuestales  tienen  que  ser materia de negociación. El literal A) del artículo 6º plantea que tienen que suministrarse a las organizaciones sindicales "Los avances de los proyectos de presupuesto y rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal".
Hemos sido ignorados permanentemente. En algún momento, presentamos una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, que culminó con un pronunciamiento de su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, sugiriendo y solicitando al Estado uruguayo que se cumpla con este requisito previsto por la normativa. Una vez más, no se ha respetado lo que establece la ley. El proyecto de rendición de cuentas no fue negociado con las organizaciones representativas de los trabajadores estatales.  Solicitamos  una  reunión  de  la  mesa  de  rama  para  discutir  el contenido del proyecto. Se fijó una reunión para después de la fecha que estaba previsto el envío del proyecto al Parlamento. No obstante, logramos que se hiciera antes. Sin embargo, la actitud del Poder Ejecutivo fue irreductible. El proyecto está, no se va a cambiar una coma; no hay voluntad ni disposición del Poder Ejecutivo para negociar los artículos que serán enviados al Parlamento.
Dejamos constancia de que para nosotros, una vez más, la ley de negociación colectiva no se ha respetado.
SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Agradecemos la información que nos brindaron. Honestamente, he aprendido mucho. Además, los felicito por el planteamiento; se hizo con coraje y dejaron en claro la posición y el reclamo.
Ayer, cuando concurrió el Ministerio de Economía y Finanzas, se dijo lo que se recauda de IRPF y sobre qué: se recaudan US$ 300.000.000 sobre US$ 20.000.000.000 de salarios, y en cuanto al sector de las empresas, se dijo que se recauda US$ 5.000.000.000 sobre la renta. En el caso de la empresa, es sobre la renta; en el caso de los asalariados, el IRPF es sobre el sueldo. Esa es la gran diferencia. La empresa tiene deducciones tremendas porque descuenta lo que invierte para producir su renta.
Me parece que hay que seguir trabajando en este planteamiento. Soy un profundo defensor de los empleados públicos; hay buenos, regulares y malos, como en todos lados. Se cuestiona el número, pero no es el número lo que hay que cuestionar. Hay que cuestionar para qué se precisa el funcionario. Un día tendremos que dar ese debate. He dicho cien veces que en la intendencia hice toda la obra con funcionarios municipales. Nunca contraté una empresa. Se hicieron dos obras en diez años. Me servía más. No lo hice por beneficencia.
Hay dos cosas  que  son  muy  importantes.  Primero,  la  reducción  no puede ser al barrer. Por supuesto que va a salir así, dos por tres. ¿Pero por qué? De repente, en un lugar es tres por cero y, en otro, es tres por cinco. Lo mismo sucede cuando se dice que alguien gana mucho; ¿y yo qué sé si gana mucho? ¡Tengo que ver lo que sirve para el lugar donde está trabajando!
Estas apreciaciones no tienen nada que ver con el articulado puntual de la rendición de cuentas, pero me parece que el país se debe esta discusión.
SEÑOR ABDALA (Pablo).- Quisiera formular una pregunta que tiene que ver con los antecedentes de esta discusión, en particular en lo que concierne a la política salarial y a la negociación en el Consejo de Salarios del sector público.
Me consta que se han hecho las gestiones que se describían, una vez que la inflación superó la barrera mágica de los dos dígitos. Además, esto fue confirmado; ese límite se sobrepasó. La Ley Nº 18.719, que está vigente -es la Ley de Presupuesto de la legislatura pasada-, establece claramente una solución para estas situaciones. Por un lado, dispone la obligación de negociar y  convocar  a  los  trabajadores  al  Consejo  Superior  y,  concomitantemente, faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un segundo ajuste semestral. Interpretando las dos cosas armónicamente, esto implica que si de la negociación resulta el acuerdo de otorgar un segundo ajuste, el Poder Ejecutivo podrá hacerlo. En la legislación  anterior  se  establecía  la  obligación  imperativa  de  otorgar  un segundo ajuste.
En los últimos meses, leí algunas versiones de prensa por las que COFE planteó la alternativa del segundo aumento, que es más que un adelanto, como está solicitando ahora. Me refiero al aumento semestral que prevé como posibilidad la ley vigente.
Si esto es así, quisiera saber cuál fue la respuesta. Asimismo, me gustaría saber si, dilucidado eso, pasamos de ese plano al que estamos ahora: el de pelear por un adelanto en setiembre con relación al ajuste del mes de enero. Hago estas consultas para tener los datos históricos y construir el relato correctamente.
SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Compartimos esencialmente el planteamiento que hacen  los  representantes  de  los  trabajadores,  desde  el  contenido  de  este ajuste fiscal hasta las consecuencias y las necesarias respuestas.
Comprometemos nuestro esfuerzo para avanzar en el sentido que plantean los trabajadores. Es lo máximo que podemos comprometer desde una bancada unipersonal.
SEÑOR LÓPEZ (José).- Respecto a la pregunta del señor diputado Abdala, debo decir que efectivamente es así. Hubo una modificación en el artículo 4º de la primera Ley de Presupuesto del gobierno del Frente Amplio. El artículo se modificó, precisamente, en ese sentido. Antes, si la inflación superaba los dos dígitos, obligaba a hacer un ajuste semestral y, ahora, convoca a negociar para ver si la situación que genera ese aumento de la inflación es estructural o coyuntural y, a partir de ahí, analizar si hay posibilidades de adelantar el ajuste o de hacer un ajuste semestral.
Por este tema, fuimos al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, representando a todos los trabajadores estatales del país. Hicimos el planteamiento concreto cuando la inflación superó el 10%.
En  principio,  en  planteo  fue  hacer  un  ajuste  en  julio.  También propusimos un plan B, que es el que subrayamos ahora: que haya un adelanto en setiembre, porque entendemos que en ese momento la inflación va a estar muy por encima del 8% y vamos a perder el 3% del adelanto que nos dio el Poder Ejecutivo en enero de este año.
Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo sigue manteniendo una banda de flotación de la inflación que hace muchos años es superada. La inflación está muy por encima del techo de esa banda; se podría decir que la banda ya tiene un doble piso.
En ese marco, lo que se fija como adelanto en el ajuste salarial es el centro de la banda establecida por el Poder Ejecutivo, y es de un 5%. Con eso se nos da el adelanto. En este mes, cada año que pasa, uno o dos meses antes empezamos a perder el ajuste adelantado por el avance de la inflación.
Hoy en día solo nos queda plantear la posibilidad de un adelanto de ese ajuste para setiembre. Eso fue lo que le hicimos saber al Poder Ejecutivo y lo que reiteramos en esta comisión parlamentaria. Proponemos que en setiembre se haga un adelanto por la diferencia que hay entre ese 5% que nos dieron en enero y la inflación que haya en setiembre, que según nuestros cálculos va a superar largamente el 8%.
SEÑOR ABDALA (Pablo).- Es decir que en su momento, como planteo inicial, el ajuste quedó descartado.
SEÑOR LÓPEZ (José).- El ajuste semestral debiera haber sido en junio o en julio, a más tardar. De hecho no sucedió ni va a suceder. Por eso decimos que ese tren se nos pasó. Esperamos que no se nos pase este otro.
SEÑOR GROBA (Óscar).- Me preocupa muchísimo que no funcione la ley de negociación para los trabajadores públicos.
Nosotros venimos de épocas donde los ajustes fiscales no tenían nada que ver con esto. Venimos de períodos en los que no había negociación en Consejo de Salarios de los trabajadores privados. Hoy, hay 1.700.000 trabajadores privados en negociación salarial tripartita, que todo el mundo reconoce; es más: ahora están incluidos los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas.
Tampoco existía la negociación pública en el sector público. No voy a hacer un racconto de toda la historia; seguramente, eso será parte del debate que se haga en la Cámara de Representantes. Sí quiero decir que en estos once años se hizo un esfuerzo muy grande para promover los derechos de los trabajadores; algunos, habían sido adquiridos, otros, habían quedado retaceados y, otros, se habían suspendido. Uno de ellos fue la negociación colectiva del sector público, en la que todos pusimos mucha esperanza.
Reitero que me preocupa realmente este tema. Lo hemos discutido tanto en la Comisión de Legislación del Trabajo como en esta, donde COFE y otros organismos públicos reiteradamente reclaman respeto a la ley.
En la versión taquigráfica figura que hace unos años reclamamos que la negociación se hiciera con actas -recordarán los trabajadores de COFE que se hacía  de  manera  informal,  y  a  eso  se  le  llamaba  negociación-  para  que figuraran los acuerdos, los desacuerdos y quiénes participaban. Entendíamos que  esas  actas  iban  a  ser  el  primer  paso  para  la  formalización  de  la negociación colectiva; ustedes lo recordarán. Durante un proceso, se hicieron actas, se negoció, en algunos casos se llegó a acuerdo y, en otros, no.
Mi pregunta es si en ese marco funcionó la convocatoria entre la Oficina Nacional del Servicio Civil o quien corresponda a la negociación colectiva, si se sentaron a negociar. ¿Eso no está ocurriendo? Obviamente, consultaremos a quien corresponda -por ejemplo, a la Oficina Nacional del Servicio Civil- por qué no se está negociando en la forma en que reclamamos todos los legisladores hace un tiempo atrás.
Comparto todo lo que han dicho los compañeros. Si fuera por mí -lo digo con franqueza-, no existirían el capital ni el trabajo; tendríamos otro tipo de régimen económico-social. Aclaro que parto de esta base para que todos me entiendan.
Estamos en un sistema en el cual todos convivimos, que tiene reglas; nuestro país es chico y dependiente, y fluctúa en ese tipo de relación, pero las conquistas que hemos logrado tienen que ser protegidas y blindadas. Creemos que deben realizarse reuniones formales. Vamos a hacer las consultas respectivas porque nos sentimos responsables y copartícipes, junto con la sociedad, el sistema político y, también, el movimiento sindical, de las conquistas alcanzadas. Es natural analizar el proceso de negociación y, también, es nuestra obligación.
Entonces, pregunto -disculpen el entorno en el cual estoy haciendo estas interrogantes-:  ¿se  está  negociando?  ¿Se  negoció?  ¿Hay  actas  que  lo reflejen? Las actas son fundamentales para demostrar si funciona o no la negociación en el ámbito público, haya o no acuerdo. ¿O esto no funciona?
¿No se convocó? ¿Se convocó pero sin actas, por lo que la negociación es informal y no queda nada registrado?
Estos eran los comentarios que quería hacer respecto a la negociación que, vuelvo a repetir, me preocupa especialmente.
Gracias.
SEÑOR LÓPEZ (José).- Como el diputado Groba enmarca la pregunta en un contexto histórico, intentaremos enmarcar la respuesta en el mismo contexto.
Debemos ser claros: nosotros también participamos de épocas en las que los ajustes fiscales eran muy fuertes, y los criticamos, como los criticamos ahora. También participamos en épocas donde había un impuesto muy fuerte al salario, y lo criticamos, como lo tenemos que criticar ahora. Lo hacemos porque defendemos nuestra independencia de clase: somos la clase trabajadora.
Compartimos totalmente lo que dice el diputado Groba, porque fuimos parte de ese proceso de conquista de derechos de los trabajadores, pero no queremos perder esas conquistas. Cuando venimos acá, no nos referimos al marco histórico de la situación; hablamos de la rendición de cuentas actual, no de la rendición de cuentas in aeternum. Venimos a hablar del proyecto de rendición de cuentas que está analizando el Parlamento.
Como el diputado plantea este tema, queremos ser claros y decir que en otras épocas, en las que los ajustes prácticamente se basaban en el salario de los trabajadores y había un impuesto directo al salario, también supimos venir a este Parlamento y movilizarnos como clase trabajadora -muchas veces codo a codo con el compañero Groba cuando dirigía el movimiento sindical- para protestar y tratar de modificar esa realidad.   Encontramos un camino para modificar  la  realidad  -efectivamente  ha  habido  cambios  y  nosotros  los
queremos defender-, por lo que nos llama poderosamente la atención que en un gobierno de estas características la vía sea la misma que criticábamos cuando se utilizaba en otros gobiernos, que es la del ajuste fiscal.
En ese marco, voy a responder la pregunta concreta.
Nosotros seguimos defendiendo la ley de negociación colectiva en el sector público como una herramienta fundamental para las relaciones labores entre  el  Estado  y  sus  trabajadores.  La  seguimos  defendiendo  porque trabajamos mucho para conquistarla, como planteó el compañero Bazzano hace un rato. El problema es que desde nuestra perspectiva la ley no se está aplicando correctamente. Se está transformando la negociación colectiva del sector público en una oficina en la que se coordinan reuniones y cada vez que pedimos una reunión, ya sea en el ámbito superior, en el de rama o en el bipartito, la tenemos. Si nosotros necesitamos tener una reunión por determinado asunto puntual se concreta, pero no se negocia y eso fue lo que pasó con este proyecto de rendición de cuentas.
Cuando  nos  enteramos  de  que  el  Gobierno  pensaba  plantear  un proyecto de estas características inmediatamente convocamos al Consejo Superior de Negociación Colectiva en el Sector Público y a la mesa de rama que involucra a nuestra confederación. En la mesa de rama cuando fuimos a negociar nos dijeron que todavía no había nada definido y, sin embargo, tres días después, el Poder Ejecutivo anunció en conferencia de prensa cómo se venía planteando esta situación. Esto nos llamó poderosamente la atención.
Asimismo, cuando supimos que mediante un acuerdo que se hizo entre la fuerza política y el Poder Ejecutivo el proyecto iba a plantearse de determinada manera, pedimos nuevamente la instancia de negociación y se nos dio una fecha posterior al ingreso de la rendición de cuentas a este Parlamento. Como insistimos, se convocó nuevamente al ámbito pocos días antes de que se enviara el proyecto a esta Casa y cuando fuimos a discutir nos dijeron que estaba cerrado, que estaba acordado con la fuerza política y que no había manera ni de incluir ni de sacar nada. Por lo tanto, no tuvimos chance de negociar absolutamente nada, ni siquiera los artículos que no tienen costo.
Hemos  planteado  esta  situación  al  ministro  de  Trabajo  y  Seguridad Social y al director Nacional de Trabajo, quienes se han preocupado por este asunto. Nos recibieron y les dijimos que para nosotros esta no era la manera en que debía funcionar la negociación colectiva en el sector público. Además, presentamos documentos y estamos a la espera de que en algún momento se corrija esta situación. No obstante, lamentablemente, en un proyecto de ley tan importante como es el de rendición de cuentas no tuvimos margen de negociación en el sector público, ni en el Consejo Superior ni mucho menos en la mesa de rama a la que fuimos con planteos concretos como los que expresó el compañero González.
En definitiva, tenemos algunas diferencias, pero nuestra idea es avanzar en las conquistas y fundamentalmente mantener las que tanto trabajo nos costaron,  como  por  ejemplo,  la  ley  de  negociación  colectiva  en  el  sector público, que queremos que funcione como corresponde.
SEÑOR PRESIDENTE.- El material que han entregado a la Comisión será repartido entre los integrantes.

 
Agradecemos la presencia de la delegación.
(Se retira de Sala la delegación de COFE)