COFE ALERTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL

18 de julio 2190
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COFE

COFE ALERTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL

“Nuestro trabajo son tus derechos y seguridad”
Los trabajadores de COFE siguiendo con la preocupación ya presentada en anteriores informes a la ciudadanía, aportamos otras perlas del deterioro de las funciones del Estado por la no entrada de nuevos funcionarios, la no provisión de vacantes de ascenso y aumento de las tercerizaciones de servicios básicos. Presentamos aquí la situación de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Biblioteca Nacional (BN) y Servicio de Garantía de Alquileres (SGA).


El Cuerpo de Bomberos creado en 1887, definido por el Art. 19º de la Ley Orgánica Policial como, "un Organismo Técnico-Profesional con competencia de Policía del Fuego en todo el territorio nacional”, que entre otras tiene las siguientes funciones: a) asumir la Dirección de las operaciones para enfrentar siniestros; b) adoptar medidas de prevención de incendios y su propagación; c) intervención en todo evento de incendio y accidentes, que presente un peligro inmediato para vidas y bienes…


La DNB cuenta con 1.835 funcionarios que se desglosan en 1.697 ejecutivos, 8 técnicos, 71 administrativos y 59 especializados. Dadas las condiciones laborales de exposición a siniestros hay aproximadamente 120 funcionarios con licencias médicas de tipo crónico o Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial.
El horario para el cuerpo ejecutivo, es decir, personal asignado al combate de siniestros es de 24 horas de guardia por 48 horas libres sin descanso semanal. Esta carga horaria oscila entre las 240 horas y hasta las 264 horas mensuales. Claramente el horario responde a la importante carencia de personal, que, según estudios del sindicato, corroborados por el Comando Director de Bomberos, era de al menos 800 funcionarios al 2015. Actualmente el déficit de personal ejecutivo es mayor, particularmente por la apertura de tres nuevos destacamentos para los que no se crearon cargos.


Es indispensable resaltar que la falta de personal repercute de manera sensible en la calidad del servicio. Los vehículos que salen a combatir incendios en la mayoría de los destacamentos del interior del país, e incluso de la capital, lo hacen con 2 o 3 bomberos, pero los protocolos de seguridad utilizados en el mundo exigen una dotación mínima de 5 funcionarios. El estrés laboral, la recarga psicofísica, la exposición a factores de riesgo biológico, químico y/o nuclear, y la ruptura de vínculos familiares relacionados a la labor en horarios extendidos en condiciones laborales extremas es consecuencia de lo anterior. La profesión de bombero presenta una de las menores tasas de sobrevida de toda la administración pública luego del retiro. El alto índice de exposición a hidrocarburos poli-cíclicos aromáticos, entre otros demostrados agentes cancerígenos, resulta evidente en la cantidad de enfermedades oncológicas vinculadas a dicha labor.


Ante la variedad de situaciones que enfrenta esta labor y las exigencias físicas de la misma, contar con un número de funcionarios acorde que permita una cobertura y un relevo es fundamental para que el rescatista no se transforme en víctima. Asimismo, revisar e instrumentar mejoras en las condiciones laborales no solo mejora la vida de los trabajadores y su familia que ya no sería poca cosa, sino que va de la mano de un servicio de calidad para la población, mejorando su seguridad y sus derechos básicos.

 

La Biblioteca Nacional alerta a la población sobre la destrucción de la memoria del país de forma irreversible por la falta de personal para cuidar y mantener el acervo bibliográfico y cultural. La necesidad de conseguir los recursos para invertir en las vacantes de la institución, profesionalizar y modernizar una Biblioteca Nacional que es símbolo y patrimonio de todos, jerarquizando el importante servicio que se le presta a la ciudadanía.


Un alto porcentaje de la prensa ya no está disponible para consulta por falta de proceso técnico, encuadernación, restauración, microfilmación, digitalización correspondiente. No se realiza encuadernación de ningún tipo de material desde 2016.
La restauración que se realiza es mínima teniendo en cuenta la magnitud de las colecciones y el deterioro que sufren. No se conserva el material en lugares adecuados lo cual genera que se deteriore rápidamente y se pierda definitivamente ante la falta de proceso (digitalización, encuadernación, microfilmación, restauración, etc.). Tampoco es posible cumplir con una digitalización del material en forma sistemática para que sea accesible al usuario.


La Biblioteca Nacional es uno de las instituciones representativas del desguace del Estado uruguayo, pasando de 230 funcionarios con que contaba en 1980 a apenas 69 que existen en la actualidad; con el agravante de que el 50% de los mismos tienen causal jubilatoria.
El Sindicato ha tratado de concientizar desde siempre la importancia de la Biblioteca en la agenda cultural del país, lamentablemente siempre se impusieron las excusas. Primero, las teorías de achicamiento del estado y las correcciones de desequilibrios fiscales, después otra crisis mundial o regional se imponía/impone para no dar el salto de calidad en producción cultural al servicio de la ciudadanía, profesionalizar más la Institución, invertir en reformas edilicias, llegar a todo el país, etc.
La Biblioteca Nacional es la institución cultural más antigua del país, necesita un shock de inversión en recursos humanos pensando en una prospectiva de mediano y largo plazo para no perder el acervo riquísimo de la cultura nacional documentada aquí. La cultura es un bien intangible que resguarda la memoria del pensar y hacer de una civilización que debe ponerse al alcance de la ciudadanía porque es generador de más derechos y más democracia.


El SGA, más conocido como “La Contaduría”, permite acceder a una garantía de alquiler para casa-habitación, con respaldo del Estado. Brinda la posibilidad de arrendamiento de viviendas a trabajadores públicos, jubilados, empleados de empresas privadas afiliadas al Servicio y beneficiarios de convenios con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y del subsidio del Banco de Previsión Social (BPS). EL servicio alcanza una población de más de 180.000 personas (entre inquilinos y arrendadores), lo que representa más de 60.000 contratos vigentes al día de hoy.


Todos los trámites del organismo son sin costo. Los usuarios tienen el beneficio del descuento directamente en su recibo de sueldo, sin cuota de afiliación, sin costos por la firma del contrato.
Una prestigiosa consultora de plaza en el año 2013 (con un número de contratos y usuarios sensiblemente menor) establecía que la organización necesitaba 111 puestos de trabajo para cumplir eficazmente con sus cometidos. Cuatro años después, el total de funcionarios es de apenas 82 muchos con causal jubilatoria.

 

A partir de la carencia de personal permanente se recurre a trabajadores cuya relación laboral es de carácter provisoria y a término. Asimismo, las tercerizaciones son la única respuesta para aquellas tareas que el personal permanente no absorbe (i.e. entrega de llaves por el Correo Nacional, atención de usuarios en Informes por personal de seguridad, etc.).
El sector de Deudores en Gestión, cuya tarea es relevar, gestionar y derivar al área contenciosa cientos de contratos con deuda, cuenta actualmente con 6 funcionarios, la mitad con causal jubilatoria
El sector de Cuentas Corrientes de la sección financiera del SGA, se encarga de controlar los pagos de las oficinas y que los descuentos que se ordenan se ejecuten correctamente. También controla y hace seguimiento de todos los procesos de cobranzas. Existe un atraso de más de 3 años en el registro de las cobranzas. En esta sección trabajan hoy 6 funcionarios de los cuales 2 tienen causal jubilatoria.


El área de Inspecciones que cubre todas las zonas de Montevideo, área metropolitana y Canelones actualmente cuenta con 10 funcionarios, para abarcar un volumen significativo de gestiones (inventarios, rescisiones, reclamos y auditorias). La cantidad de funcionarios se redujo en un 33 % en los últimos años.
La carencia de personal lleva a malos manejos de la información financiera, ocasionando problemas de gestión y deteriorando la calidad del servicio, lo que perjudica a los usuarios más vulnerables y con menos recursos económicos.


La caída en la calidad del servicio provoca que inmobiliarias y propietarios prefieran gestionar sus garantías con empresas del sector privado, como ANDA o PORTO SEGURO. Esto genera inequidades en las condiciones de contratación frente a la parte más frágil, los inquilinos, ya que estas empresas brindan sus servicios con objetivo de lucro, implicando que poblaciones vulnerables incurran en mayores gastos, pagando contratos, comisiones, gastos de utilización, cuotas sociales, etc.
Claramente la situación del SGA está llegando a un punto crítico, perdiendo la confianza y credibilidad de los usuarios y desgastando a los funcionarios que otorgan un servicio social, atienden una necesidad básica de cientos de familias que de otra manera no podrían acceder a una vivienda digna. Cada vez más usuarios acceden a ella a través de los convenios MVOTMA, BPS, etc., se viene trasladando permanentemente a las autoridades esta preocupación, y por este intermedio, a la población en general. Apuntar a la mejora de este servicio es contribuir con la seguridad de todos, es reconocer el derecho a la vivienda digna y es un resguardo para sectores largamente vulnerados.

 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE COFE