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Recurso de amparo por decreto 76/17 anti piquetes

 

En el día de ayer COFE, FENAPES, ADEOM, ADES, AFFUR, Unión Ferroviaria, AFPU, UFC, SUGHU, SUATT y UTHC

presentaron un recurso de amparo ante el decreto 76/17 antipiquetes del 20 de marzo del Poder ejecutivo

 

Texto de Recurso

 

                        Suma: Se interpone Recurso Administrativo de Revocación.

Al Poder Ejecutivo.-

Los abajo firmantes, con los datos personales que lucen al pié de cada firma, al Poder Ejecutivo nos presentamos y decimos:

Que amparados en lo dispuesto por los artículos 317 y siguientes de la Constitución de la República venimos a interponer el recurso administrativo de Revocación contra el Decreto dictado el día 20 de marzo de 2017 por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros e identificado con el número 76/17, mediante el cual se disponen medidas pertinentes a efectos de preservar el uso público de calles, caminos y carreteras, en mérito a las consideraciones y fundamentos que se pasan a exponer:

a.- El acto que se recurre causa agravio a los comparecientes en tanto trasgrede principios y normas fundamentales que constituyen los pilares básicos del estado de derecho y el orden republicano y democrático del estado y la nación.

b.- Del carácter inconstitucional del decreto impugnado.

 

Asistimos a una clara e irrefragabletrasgresión a la Constitución de la República mediante la limitación y desconocimiento de Derechos Fundamentales integrantes del elenco de Derechos Humanos, mediante la mera acción administrativaque se recurre.

La doctrina internacional del derecho de los Derechos Humanos, ha reunido bajo la denominación de derecho a la protesta social, aquellos Derechos Humanos intangibles e inalienables que constituyen el cauce de la acción de los pueblos para la consecución y protección de los bienes jurídicos que por su naturaleza están indisolublemente ligados a la dignidad humana.

Se ha sostenido que la expresión protesta social refiere alos derechos de expresión, asociación y reunión, garantizados por la Constitución y por el Derecho Internacional. Ello es así, y nosotros agregamos que sin la plena vigencia de estos, resultaría ilusoria la presencia de otros derechos fundamentales, como la libertad sindical, la huelga, la libre expresión del pensamiento, etc.

            En la línea de lo que venimos de señalar y en la intención de clarificar aún más el marco jurídico que preconizamos a los efectos del presente recurso, hemos de destacar por su profundidad conceptual, al prólogo de la “Compilación de Estándares relacionados con el ejercicio del Derecho a la Protesta Social”, efectuado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –Oficina Regional para América del Sur- en forma conjunta con el Instituto de Derechos Humanos de Chile:

 “…A lo largo de la historia las protestas sociales han sido motores de importantes cambios.La denegación de derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales,ha dado origen a diversos movimientos de protesta, los que han promovido la caída dedictaduras, el voto universal, el fin de la esclavitud, el fin del apartheid y la reparación avíctimas, entre otros muchos logros.En los últimos años, la humanidad ha sido testigo de cómo en todas las regiones del mundomiles de personas han salido a las calles y levantado la voz para expresar su disconformidadcon el orden político o social establecido, para reclamar a sus gobiernos el cumplimientode las promesas electorales y exigir que los derechos civiles, políticos, económicos, socialesy culturales sean una realidad para todos y todas…”[1]

            El derecho a la protesta social se ubica entonces en el nivel jerárquico más encumbrado del orden jurídico tanto a nivel nacional como internacional, en virtud de que se sustenta, particularmente en tres de los derechos denominados de segunda generación: derecho de asociación, derecho de reunión y derecho de expresión, ambos relacionados con el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de primera generación: el derecho a la libertad, y presupuesto a su vez de los demás derechos de segunda y tercera generación.

            Con el lenguaje del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, diríamos:

            “…El derecho a la protesta social es una conjugación que se desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a reunión, ambos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano de protección de los derechos humanos…[2]

            En el sistema constitucional uruguayo el derecho a la libertad se encuentra consagrado junto a otros derechos, en el artículo 7mo de la Constitución. Por su parte el derecho a la expresión pose consagración en el artículo 29 y los derechosde asociación y de reunión en los artículos 38 y 39 de la Carta.

            No deben ser omitidos en el presente análisis, los diversos tratados internacionales ratificados por la república.

            En el Sistema Universalresulta indispensable hacer mención a la consagración expresa del derecho a la libertad de expresión y de reunión en la Declaración Universal de Derechos Humanos[3].

Ambos principios son también recogidos y consagrados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[4], tratado éste que según veremos establece criterios claros y coincidentes con el resto del Derecho Internacional en cuando a las características o condiciones que deben contener las limitaciones a dichos derechos, en particular al derecho de reunión.

            Por su parte en el Sistema Interamericano debemos hacer mención a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,particularmente en relación al derecho de reunión[5] el que por su contenido, a nuestro juicio y a efectos de la presente recurrencia, describe con mayor claridad el alcance y naturaleza del referido derecho en clave de lo que se ha denominado derecho a la Protesta Social: “. Toda persona tiene derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes o de cualquier índole.”

            Asimismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra ambos derechos[6] estableciendo también en relación al derecho de reunión las condiciones que debe ofrecer la norma que disponga limitaciones al mismo.

            Hemos de tener presente que estos y otros tratados internacionales ingresan al sistema constitucional uruguayo por la vía del artículo 72 de la Carta, materializando un importante componente o integrante de lo que se ha dado a conocer como “bloque de constitucionalidad”.

            A mayor claridad debe ser considerado que la jurisprudencia de los organismos internacionales ha sido contundente sobre el tema.

            En una de sus resoluciones[7], mediante la que se encomendó al Relator Especial la preparación de una recopilación de recomendaciones prácticas sobre el Derecho de Reunión, El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó: “…Recordando que los Estados tienen la responsabilidad primordial en materia de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular en el contexto de las manifestaciones pacíficas, y de velar por que la legislación, las políticas y las prácticas, en cuanto que marco nacional para el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica, de expresión y de asociación, se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos.

Reconociendo que las manifestaciones pacíficas pueden darse en todas las sociedades, incluso manifestaciones que sean espontáneas, simultáneas, no autorizadas o restringidas.

Reconociendo también que la participación en manifestaciones pacíficas puede ser una forma importante de ejercer el derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

Consciente de que las manifestaciones pacíficas pueden aportar una contribución positiva al desarrollo, el fortalecimiento y la efectividad de los sistemas democráticos y a los procesos democráticos, en particular las elecciones y los referendos.

Reconociendo que las manifestaciones pacíficas pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Reafirmando que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Reafirmando también que la participación en manifestaciones públicas y pacíficas debe ser completamente voluntaria y estar libre de coacciones.

Destacando, por tanto, que toda persona debe poder expresar sus quejas o aspiraciones de manera pacífica, entre otras cosas mediante manifestaciones públicas, sin temor a represalias o a ser amedrentada, hostigada, lesionada, sexualmente agredida, golpeada, detenida y recluida de manera arbitraria, torturada, asesinada u objeto de desaparición forzada…”

            El núcleo central del agravio del presente recurso.

 El acto que se recurre ataca, desconoce, desmantela los derechos componentes del Derecho a la Protesta –asociación, reunión, expresión, libertad- en franca trasgresión de las normas constitucionales y tratados internacionales, en tanto no es encuentra habilitada por su jerarquía (decreto) para el establecimiento DE NINGUN TIPO DE LIMITANTES a dichos derechos.

            Asistimos mediante el acto que se recurre a una mera decisión administrativa que pone en la esfera del Ministerio del Interior y eventualmente en el Ministerio de Defensa, una exorbitante e ilegítima discrecionalidad para reprimir Derechos Humanos de la máxima protección jurídica.

            El decreto impugnado contrapone los valores de “libre circulación, orden público y tranquilidad”[8] a los derechos de asociación, reunión y expresión. O peor aún: subordina derechos que por su condición humana resultan de impostergable protección dado su vínculo con el resto de los derechos conquistados por lo más elevado de la conciencia política y jurídica de los pueblos, a las necesidades de la circulación vial, facultándose a esos efectos no solo a la fuerza policial sino también habilitando la concurrencia de las fuerzas armadas a requerimiento de aquellas. El referido acto expresa una visión jurídica, filosófica y política que agravia nuestra mas elemental condición democrática.

            El decreto recurrido violenta la Constitución, las normas internacionales y la doctrina relacionada el punto de manera flagrante, es decir contraviniendo textos que no ofrecen dificultades algunas de interpretación.

Veámos:

            El artículo 7mo y 38 de la Constitución de la República establecen claramente que estos derechos no podrán ser desconocidos sino en virtud de una ley que se establezca por razones de interés general, o (en el caso del artículo 38) solamente cuando se opongan a la salud, seguridad u orden públicos.

            En primer lugar, resulta penoso considerar que un problema de tránsito o seguridad vial pueda concitar un interés general, o estar asociado a problemas de seguridad y orden públicos de tal forma y alcance que habilite a limitar derechos de protección internacional integrantes del elenco de Derechos Humanos, pero en todo caso a quien corresponde legislar sobre el punto por mandato constitucional, en tanto el mismo implica una limitación de derechos fundamentales, es al Poder Legislativo.

            Las normas internacionales, tal como lo anunciamos anteriormente, también contienen previsiones garantistas en relación a la limitación de estos derechos.

            El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que[9]“… El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas…”

           Y en el ámbito interamericano la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza[10]: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.”

           Tal como podemos ver, en el sistema jurídico universal, el cual incluye normas internacionales y nacionales no se avizora la más mínima posibilidad de que el derecho de reunión y expresión materializado a través de la manifestación callejera en todas sus modalidades, pueda ser limitada u obstaculizada mediante acto administrativo.

            Finalmente hemos de tener en cuenta la jurisprudencia de las Naciones Unidas sobre el problema concreto sobre la limitación de los derechos en cuestión. El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión expresó[11]:

“…15.Según se dispone en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación no son absolutos. En la resolución 15/21 (párr. 4) se establece claramente que estos derechos “pueden estar sujetos a ciertas limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en razón de la seguridad nacional o la integridad de la población, el orden público, la protección de la salud o de la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás”.

16. El Relator Especial hace hincapié en que solo podrán aplicarse “ciertas” restricciones, es decir que, sin lugar a dudas, la libertad será la regla y la restricción su excepción. A este respecto, se refiere a la Observación general Nº 27 (1999) del Comité de Derechos Humanos sobre la libertad de circulación, según la cual, “al aprobar leyes que prevean restricciones… los Estados deben guiarse siempre por el principio de que las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho..., no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción”. En consecuencia, cuando los Estados deseen restringir esos derechos, deberán cumplir todas las condiciones mencionadas. Por lo tanto, toda restricción debe obedecer a uno de los intereses concretos antes señalados, poseer un fundamento jurídico (estar “prescrita por la ley”, lo que implica que la ley debe ser accesible y estar formulada con la suficiente precisión) y “ser necesaria en una sociedad democrática…”

A mayor argumento cabe consignar que el decreto objeto de la presente recurrencia ha implicado una suerte de amnesia del gobierno uruguayo respecto de sus propias acciones a nivel internacional.

En efecto, tal como hemos estado viendo, el principio de Legalidad representa una de las máximas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.Es así que el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona en ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por ley. Prácticamente en los mismos términos se encuentra redactado el artículo 30 del Pacto de San José de Costa Rica.

            El gobierno uruguayo efectuó una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del alcance de la expresión “leyes” del artículo 30 de la Convención. A dicha consulta contestó la Corte[12]: “…La consulta surge ante el cuestionamiento formulado por el Gobierno de Uruguay que se pregunta acerca de la expresión “ leyes”  utilizada en cuanto a si se refiere a leyes en sentido formal –normas jurídicas emanadas del Parlamento y promulgadas por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución- o en sentido material, como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento de elaboración o rango normativo (…) La Ley en el Estado democrático no es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y está dirigido a una finalidad (…) La palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionales previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según los procedimientos establecidos por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes…·

            En definitiva, el decreto recurrido viene a limitar en forma inconstitucional los derechos básicos en que se sustentan el resto de los derechos. El derecho de asociación, reunión y expresión manifestado a través de la toma de las calles o rutas, o el corte de las mismas como forma de expresión de la protesta, constituye en la gran mayoría de los casos la única forma al alcance de vastos sectores sociales en pro del acceso a bienes jurídicos fundamentales que hacen a la calidad de vida y a la dignidad humana. Lejos de oponerse a los intereses generales, a la salud, la seguridad o el orden público, constituyen el único medio para exigir y garantizar su acceso ante la actitud omisa de los gobernantes, como forma de concreción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática.

Mediante el decreto que se recurre, el Poder Ejecutivo, excediendo las competencias constitucionalmente previstas,despoja a los sectores económica y socialmente más vulnerables de nuestra sociedad – en su mayoría integrantes de nuestra clase trabajadora – del único medio efectivo para garantizar el ejercicio de sus derechos. Las facultades policíacas consagradas en el mismo, constituyen una especie de discrecionalidad abusiva o acto de “pura administración” que convierte al legislador en una figura ausente y al juez en una figura decorativa, trasgrediendo de esta forma toda la normativa, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional existente sobre el punto.

            El acto que se recurre es ilegítimo entonces, por su forma y por su contenido.

            c.- El decreto que se recurre no condice con las normas legales en que se funda.-

Como puede verse el decreto pretende fundar su legalidad en diversas normas invocadas en su visto, resultandos y considerandos.

            Sin embargo, la lectura atenta de las mismas impide considerar que el acto recurrido constituya una suerte de reglamentación o ejecución de los mandatos contenidos en aquellas.

            La ley orgánica policial (Nro. 19.315) dispone en su artículo 3ro. que compete a la Policía Nacional “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar el orden y seguridad interna”.

            La única lectura o interpretación admisible para considerar a dicha ley como sustento jurídico del decreto impugnado, es considerando el ejercicio del derecho a la protesta social como una forma de alteración del “orden y seguridad interna”. En primer lugar dicha visión expresa una concepción ubicada en las antípodas del pensamiento republicano-democrático y del estado de derecho tal como lo hemos definido en el capítulo anterior.Y en segundo lugar la propia norma establece lo contrario ya que ni los cometidos como policía administrativa o como auxiliar de la justicia (artículos 4to y 5to) admiten la absoluta discrecionalidad conferida por el acto en causa, para controlar o reprimir los hechos sociales que materializan los derechos de reunión y expresión. 

Por su parte, la Ley 18.191 constituye una norma de carácter absolutamente técnica relacionada con la regulación del tránsito peatonal y vehicular, así como de seguridad vial. Establece los principios rectores del tránsito, las reglas generales de circulación (velocidades, adelantamientos, preferencias de paso, giros, accidentes, etc).  Sus previsiones nada tienen que ver con una acción como la que es objeto de análisis en el presente texto. El alcance objetivo de esta norma refiere a las situaciones del uso habitual de las vías de circulación, es decir al conjunto de obligaciones y derechos que posee el conductor de un vehículo o al peatón, pero no establece una norma o mandato específico respecto a la ocurrencia de una manifestación pública o un corte de ruta como expresión del legítimo derecho a la protesta. Por otra parte, muchas veces se utiliza la vía pública como asiento de actividades culturales o deportivas o incluso actividades políticas o sociales sin que ello implique violentar la mencionada ley.

Finalmente, hemos de manifestar nuestra sorpresa ante la invocación de la Ley 18.315. Dicha norma establece el procedimiento policial aplicable al personal que cumple funciones ejecutivas. En lo medular debe verse que el artículo2do. Establece que la función se ejercerá cumpliendo las tareas de observación, información, prevención, disuasión y represión.  Ahora bien, el referido artículo 2do. establece que El objetivo de las actividades referidas es impedir y, en su caso, reprimir, la comisión de delitos, faltas o infracciones, procediendo a la detención de los autores de las mismas para someterlos a la Justicia competente en los plazos y condiciones legalmente establecidos, acompañando las pruebas correspondientes ”

Por lo tanto, la aplicación del procedimiento policial, de acuerdo a lo dispuesto por esta norma requiere la existencia de delito, falta o infracción.

Consideramos enfáticamente inaplicable esta norma, pese a que su invocación por parte del Poder Ejecutivo pone de manifiesto el tenor de la mirada de este poder tiene sobre el ejercicio de derechos fundamentales. Creemos sin temor a equivocarnos que a la luz de esta ley queda de manifiesto no solo la falta de sustento jurídico del decreto que se recurre sino además su más absoluta y flagrante ilegalidad.

            d.-Acerca del artículo 57 de la Constitución de la República.-

            El artículo 4to del decreto resistido establece que el mismo no será de aplicación ante lo previsto por el artículo 57 de la Constitución de la República.

            Dicho artículo además de impreciso genera una gran confusión en cuanto al alcance de lo dispuesto, máxime aún si tenemos en cuenta que la primera aplicación que de dicho decreto se hizo lo fue en contra de la actividad de trabajadores que se encontraban manifestándose en la vía pública en el departamento de Colonia.

            A nuestro juicio, la invocación al artículo 57 de la Constitución parece tener una función “edulcorante” ante el impacto de un decreto como el que se recurre.  Desconocemos a que responde la invocación al artículo 57 de la Constitución y si la misma implicó consultas previas a efectos de garantizar cierta “tolerancia” de dicha norma. Lo cierto es que la misma implica un grave y lamentable retroceso respecto de la Libertad Sindical y el derecho de Huelga en virtud de las inadmisibles e ilegítimas facultades concedidas al instituto policial.

            En efecto. En primer lugar situemos con precisión el alcance material del decreto recurrido: el mismo se refiere al uso público de las calles, caminos o carreteras.

Por lo tanto, la primera conclusión es que dicho decreto no debería aplicarsea la actividad sindical cumplida en los puntos de acceso o entrada a las plantas, fábricas, unidades productivas, oficinas, etc.  Es decir a lo que comúnmente es conocido como “piquete sindical”. Estamos absolutamente convencidos que en el caso del “piquete”, tal como la ocupación, nos encontramos ante formas o modalidades de protección del ejercicio de huelga. Es decir, mecanismos tuitivos o de contención frente al “rompehuelga” o a la fuerza de la patronal. Por lo tanto, salvo que los “piquetes sindicales” sean cumplidos en la vía pública (calle, camino o carretera), el decreto no debería aplicarse respecto de una de las derivaciones del derecho de Huelga. Por lo tanto, la previsión contenida en el artículo 4to. resulta una especie de norma inocua. Una norma que posee una finalidad que nada tiene que ver con lo normativo o reglamentario.  Es decir que el artículo 4to del decreto no establece ningún tipo de protección o tutela ya que exime de su aplicación lo que materialmente es imposible que ingrese a su alcance, puesto que normalmente el piquete como derivación de la huelga, como decíamos, se produce a las puertas de las unidades productivas.

Ahora bien, lo que acabamos de señalar permite “correr el velo” y poner de manifiesto la finalidad “ensoñadora” de dicho artículo 4to.

En realidad, existen actividades fundamentales propias de la Libertad Sindical y fundamentales para la organización sindical que tienen como sustento el derecho de expresión y de reunión y que son cumplidas en la actividad pública, algunas de ellas relacionadas con el hecho de la huelga y otras no, pero todas ellas en general vinculadas con una actividad de propaganda pública y de estricta naturaleza sindical. La casuística es enorme y variada. Desde la manifestación callejera como plan de acción que incluye el paro o la huelga, así como aquellas que no la incluyen. O las volanteadas, cortes, etc. y de la más variada naturaleza, desde las que incluyen reivindicaciones típicas del vínculo laboral a las que han sido incorporadas por las organizaciones representativas de los trabajadores por su relación con el avance del desarrollo social (ambiente, genero, solidaridad internacional, etc).

La pregunta que cabe formularnos es la siguiente: ¿ El artículo 4to. del decreto excluye del mismo a este tipo de actividades? Prima-facie si consideramos que el artículo 57 de la Constitución declara y reconoce la existencia (previa) de la huelga, resulta dudoso que las actividades de propaganda o manifestación sindical cumplidas en las calles, caminos o carreteras puedan estar excluidas de la aplicación del decreto ya que las mismas podrán o no estar asociadas al hecho puntual de la huelga o el paro.

De todos modos, más allá de la casuística, la gravedad que adquiere este punto es que los temas relacionados con el ejercicio del derecho de Huelga y la Libertad Sindical  deben contar con un nivel de protección jurídica absolutamente incompatible con la imprecisión y vacío con que ha sido redactado el multicitado artículo 4to.

Es más, a nuestro juicio la lógica y matriz con que fue construido conceptualmente el decreto termina por poner en el ámbito de decisión de las fuerzas policiales el alcance de una norma tan importante para la sociedad y la clase trabajadora como lo es ni más ni menos que el artículo 57 de la Constitución de la República. Es decir que lo que ha sido y es objeto de debate en la academia y a nivel de la jurisprudencia especializada, termina siendo resuelto por el jefe de un operativo policial que además ni siquiera requerirá orden judicial, debiendo comunicar al juez luego de una intervención que puede incluso llegar a la detención de las personas.

Por lo tanto, desde el punto de vista de su contenido conceptual como procedimental el artículo 4to del decreto que se recurre constituye un claro e inadmisible retroceso respecto del carácter tuitivo que el ordenamiento jurídico debe dispensar al derecho de Huelga y la Libertad Sindical.

e.- Considerando entonces suficientemente expuestos y fundados los agravios, solicitaremos la revocación del acto recurrido.

Derecho: Se funda el derecho en lo dispuesto por los artículos 7, 29, 38, 39, 72 y 317 de la Constitución de la República, y normas y tratados internacionales concordantes.

Petitorio: Por lo expuesto, al Poder Ejecutivo solicitamos:

1.- Se nos tenga por presentados con los datos personales que lucen al pié de cada firma y por interpuesto el Recurso Administrativo de Revocación contra el Decreto dictado el día 20 de marzo de 2017 por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros e identificado con el número 480, mediante el cual se disponen medidas pertinentes a efectos de preservar el uso público de calles, caminos y carreteras.



[1] “La Protesta Social y los Derechos Humanos: Estandares Internacionales y Nacionales”. – Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, Oficina Regional de America del Sur e Instituto de Derechos Humanos. Chile 2014.

 

[2]Ob.citpag. 19

[3] Arts. 19 y 20

[4] Arts. 19 y 21

[5] Artículo 21

[6] Artículos 14 y 15.

[7] Resolución A/HRC/25/L.20 del 24 de marzo de 2014.

[8] Artículo 2 del decreto.

[9] Artículo 19

[10] Artículo 15

[11] Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. MainaKiai. A/HRC/20/27 del 21 de mayo de 2012.

[12] O.C. 6/86